Las Oficinas para la Defensa del Alumnado (ODFA), dirigidas por los Defensores o Defensoras del alumnado son los órganos encargados de velar por el respeto a los derechos de este colectivo, así como de recibir y tramitar todas las quejas y reclamaciones de este sector de la comunidad educativa. Son dos, una por cada provincia.

Teniendo en cuenta estas atribuciones fundamentales, la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA) denuncia que estas responsabilidades estén actualmente vacantes, situación que se viene dando desde el inicio del curso académico, y que, en su opinión, implica un vacío inasumible en el sistema educativo.

La entidad estudiantil ya ha pedido explicaciones a la Consejería de Educación, recibiendo como respuesta que no encuentran personas idóneas para ocupar estos cargos. Desde UDECA, recuerdan que los requisitos para acceder al puesto son ostentar la condición de funcionario de carrera de cualquier cuerpo docente, tener destino en un centro gestionado por la Comunidad Autónoma de Canarias y poseer una experiencia docente de al menos cinco años, y declaran que les parece «descabellado que sea imposible encontrar dos personas entre todos los profesionales de la enseñanza de Canarias con aptitud para desempeñar el cargo de Defensor o Defensora del alumnado».

Además, las implicaciones de este vacío son palpables, y un ejemplo de ellas es la reciente situación sufrida por Elan Fleitas y su familia, que, para las reclamaciones concernientes a la participación del alumno en su viaje de fin de curso, han tenido que acudir al Diputado del Común, siendo esta una situación que encaja perfectamente en las funciones de la Oficina para la Defensa del Alumnado, «más allá de las consideraciones que debamos hacer sobre el fondo del asunto, lo que está claro es que este es un caso “de libro” de conflicto del que debería haber conocido la ODFA, no es de recibo que hubiera que acudir al Diputado del Común», apuntan fuentes de UDECA.

La federación de estudiantes concluye que «ojalá la Consejería se “ponga las pilas” y nombre de una vez a las personas que ocupen estas responsabilidades fundamentales para la protección de los derechos de las y los estudiantes».

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Tras la reunión mantenida ayer, 31 de agosto, con la consejera de educación y todo su equipo, en la que se han tratado dos documentos ^([1]) entregados a la comunidad educativa con poco margen de tiempo para un estudio más profundo, continúan siendo más las dudas que las certezas sobre las garantías que exigen el profesorado, el personal no docente, las familias y el alumnado para contar con centros educativos seguros desde el comienzo de las clases presenciales.

Recordamos que el principal objetivo de la comunidad educativa es que este curso escolar se desarrolle con todas las garantías sanitarias y de seguridad, que impidan que, en el ámbito educativo o desde el mismo, se den pasos atrás, produciéndose indeseados rebrotes del virus.

Para poder garantizar la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal entendemos que es prioritaria la educación presencial, pero creemos que aún falta mucho por concretar, así como dar respuesta a múltiples factores para que se garantice un inicio de curso seguro. Igualmente se deben definir ya otros escenarios posibles como es que la educación deba establecerse a distancia por empeoramiento de la situación, o que se dé un sistema híbrido, semipresencial.

Sinceramente se nos antoja imposible que todos los centros puedan contar con su plan de contingencias antes del 15 de septiembre, que se puedan establecer y regular las actividades extraescolares, la acogida temprana y tardía o las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, que se pueda garantizar la seguridad en los comedores escolares y el transporte escolar, que se pueda disponer de plataforma y recursos digitales suficientes, que se produzca la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos como el de enfermería escolar que la administración entiende que no es posible en este momento, poder dar la formación e información necesaria en competencia digital y prevención de riesgos laborales a los estudiantes, al profesorado, a las familias y al personal no docente antes de la fecha de inicio de curso establecida, etc.

La consejería parece renunciar ya a la reducción de ratios y por ende al aumento de personal alegando que no se dispone de espacios suficientes o adecuados para tal fin en los diferentes municipios, pero muchos ayuntamientos reconocen no haber sido consultados. Por ello exigimos que las ratios sean como máximo de 15 alumnos por aula en Educación Infantil, 18 en Educación Primaria, 20 en Educación Secundaria y 23 en Bachillerato, y la misma proporción según los casos en Formación profesional y resto de enseñanzas.

Pedimos que se respete en todos los niveles la distancia mínima de seguridad de metro y medio, que se realice un control real de temperatura del alumnado y personal del centro tomando la misma en el momento de acceso al centro, durante la jornada escolar y al finalizar las clases, que se disponga de varios accesos en los centros educativos para evitar aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida, que se realicen PCR al menos al personal que se ha declarado como especialmente sensible al coronavirus, que se informe ya de qué centros y qué grupos tendrán que asistir a clases por las tardes y en qué horario, que se clarifique y se den los datos reales de las actuaciones practicadas por QuirónPrevención y se informe del coste de estos servicios, que el coordinador/a Covid de los centros sea asumido por algún miembro del equipo directivo y disponga de horas para ello… En definitiva, que no se siga dando largas y se hable de inversión en educación, la necesaria para que nuestros centros educativos sean espacios seguros y saludables.

Para poder valorar la inclusión de todas estas cuestiones en los diferentes protocolos de la consejería o planes de contingencias de centros demandamos una nueva reunión de toda la comunidad educativa con la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes antes del 10 de septiembre, día en el que el gobierno determinará si definitivamente se aplaza o se inicia el curso el 15 de septiembre.

• “Modelo para la elaboración del plan de contingencia frente a la covid-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias”
• “Propuesta para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV-2 en los centros educativos públicos no universitarios para el inicio de curso 2020/2021”

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En sendas reuniones mantenidas el pasado viernes, 31 de julio, y ayer, 5 de agosto, con los diferentes sectores de la comunidad educativa canaria, se ha valorado positivamente la necesidad del diálogo y la unidad para la cimentación de un sistema educativo fuerte y de calidad. En las mismas se han tomado una serie de acuerdos con objeto de participar constructivamente en la mejora de la organización y planificación del inicio del próximo curso escolar, además de mantener reuniones permanentes para seguir valorando la evolución del curso 2020-2021.

Comenzamos recordando que la Constitución Española reconoce, dentro de la Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y concretamente en su Artículo 27.7.: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.”, siendo la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la que define cómo se ha de llevar a cabo la participación de la comunidad educativa. El preámbulo de la LODE dice claramente: “optimizar el rendimiento educativo del gasto y velar por la transparencia de la Administración y calidad de la educación, lo que se asegura a través de la participación. En el ámbito educativo, ese control social y esa exigencia de transparencia han sido encomendados, más directamente que a los poderes públicos, a padres, profesores y alumnos, lo que constituye una preferencia por la intervención social frente a la intervención estatal.”

Son los poderes públicos, en nuestro caso el Gobierno de Canarias y dentro del mismo la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, quienes han de garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa: familia, alumnado, personal docente y no docente. Por ello uno de nuestros objetivos es mantener reuniones conjuntas con la Consejera de Educación. No es posible el encuentro ni el consenso, si no se favorece el diálogo constructivo con la comunidad educativa al completo, no por separado, como viene haciendo la Administración Educativa. Ya habrá tiempo, una vez pactados entre todas y todos los planes, protocolos o proyectos generales, de descender a la participación y negociación de las especificidades con cada uno de los sectores concernidos en sus diferentes órganos de participación.

Con la idea de que se asegure la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal dando prioridad a la educación presencial, sin menosprecio de la educación semipresencial en los cursos más altos si así fuera necesario, el principal objetivo de la comunidad educativa es que este curso escolar se desarrolle con todas las garantías sanitarias y de seguridad, que impidan que, en el ámbito educativo o desde el mismo, se den pasos atrás, produciéndose indeseados rebrotes del virus. Entendemos que el Protocolo sanitario para centros educativos presentado por la Administración Educativa resulta manifiestamente mejorable. En dicho documento no se hace referencia al uso de termómetros, ni de los ascensores que conllevan medidas específicas; tampoco se determina qué hacer con el alumnado, docentes y no docentes que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la Covid-19 (contagio, cuarentena, por ser especialmente sensibles al virus, etc.); además, se limita de forma incomprensible el uso de las mascarillas y se desvirtúan las recomendaciones generales de distanciamiento (el metro y medio de radio de distancia, dentro y fuera de las aulas, es imprescindible e indiscutible). Por otra parte, se establecen recomendaciones y medidas genéricas, que deben especificarse más para transporte escolar, comedores escolares, entradas y salidas, personal de administración y servicios o el propio personal docente. Se obvian actividades como la recogida temprana del alumno o las actividades extraescolares, se dice poco o nada del alumnado con necesidades educativas especiales o con retraso educativo, se vuelve a sobrecargar la responsabilidad de las direcciones y las tutorías de Infantil y Primaria, etc. Es vital buscar, en colaboración con los ayuntamientos o por parte de la Consejería, espacios y locales adecuadamente acondicionados, aularios prefabricados para lograr la seguridad sanitaria necesaria. También se deben incrementar el número de baños, de reforma y/o prefabricados, etc.

Pensábamos que las subcomisiones de trabajo, que se están constituyendo en esta última semana, servirían para dar claridad a estas cuestiones y que se incluirían las propuestas de los diferentes sectores de la comunidad educativa, pero no es así: algunas ya tienen previstas fechas del mes de septiembre para comenzar su trabajo, con objeto de continuar activas durante todo el curso escolar, porque en ellas lo que se pretende es ir valorando los diferentes escenarios posibles para poder diseñar y elaborar medidas de contención en cada caso. Esto significa que, con el Protocolo sanitario, la resolución de organización y funcionamiento de centros y el calendario escolar publicados hace un par de semanas, esta Administración Educativa pretende dar por zanjado el inicio del próximo curso escolar.

Sin embargo, creemos que aún falta por concretar y dar respuesta a muchos factores para que se garantice un inicio de curso seguro. Se encuentran sin definir los planes de contingencias de cada centro, se deben regular las actividades extraescolares, las actividades para el alumnado de 0 a 3 años, la acogida temprana, una mayor concreción para comedores escolares y transporte escolar, la urgente necesidad de una plataforma y recursos digitales, unos materiales copyleft, la incorporación de nuevas figuras o servicios en los centros educativos como el de enfermería escolar, un plan de formación en competencia digital y prevención de riesgos laborales para las familias, el profesorado y el alumnado,  la imprescindible adecuación curricular, el refuerzo y una mayor concreción de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y al que presente retraso curricular, los horarios de los centros, la colaboración de los municipios para la concesión de espacios o apertura, la mejora y ampliación de las coberturas de red wifi en abierto o el refuerzo de sus servicios sociales para atender posibles necesidades, etc.

Porque consideramos que nuestra participación en la gestión y el control de la enseñanza es un derecho constitucional irrenunciable y que somos útiles y necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del inicio del próximo curso y que disponemos de propuestas concretas para la mayoría de las cuestiones planteadas, demandamos una reunión urgente de toda la comunidad educativa con la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes doña Manuela de Armas Rodríguez.

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