Ante el anuncio de la tramitación parlamentaria de la llamada “Ley de reconocimiento de la autoridad docente” en el Parlamento de Canarias, la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), máxima representante del estudiantado no universitario de Canarias, quiere manifestar su oposición ante esta iniciativa, que ha sido elaborada ignorando deliberadamente los cauces democráticos de diálogo con la comunidad educativa.
En primer lugar, en cuanto al contenido, esta proposición de ley no reconoce la autoridad de las y los docentes, pues esta viene recogida en la propia Ley Orgánica de Educación, y la redacción en este aspecto de la iniciativa autonómica ha sido directamente calcada de la legislación estatal. Por tanto, el propio título de la ley es engañoso y no se corresponde con el contenido real de la norma.
Asimismo, en la normativa autonómica, ya se recoge en el Decreto que regula la Convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias la consideración del profesorado como autoridad pública, así como el reconocimiento de los derechos de protección jurídica y defensa legal por parte de la administración educativa.
UDECA desde luego apoya a las y los docentes de Canarias, y aplaude las mejoras que trae esta ley, consagrando la protección jurídica del profesorado, que deberá ser desempeñada por la administración autonómica, así como reconociendo la atención psicológica que se le brindará por parte de la misma, pero los anuncios que se vienen realizando acerca del supuesto reconocimiento y potenciación de la autoridad de las y los docentes son simplemente demagógicos, puesto que el necesario bienestar físico y emocional del profesorado no pasa por un refuerzo de su autoridad entendida como capacidad de imponerse de manera absoluta, sino por la fundamental mejora de su prestigio social, que en los últimos tiempos ha sido menoscabado, y en la que la ley es, tristemente, tremendamente vaga.
Por otro lado, y como problema principal, la forma empleada para la elaboración de esta ley, que ha sido presentada como proposición de ley por los propios partidos que forman parte del Gobierno de Canarias y los que lo apoyan, ignora de plano el necesario diálogo con la comunidad educativa que debe preceder a una iniciativa de este carácter, pues el hecho de que esta propuesta no parta desde el Gobierno de Canarias como proyecto de ley priva a órganos como el Consejo Escolar de Canarias, en el cual se encuentra representada la totalidad de la comunidad educativa canaria, de dar su opinión y propuestas de mejora a una ley que, supuestamente, debería tener gran influencia en el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. Si la ley hubiera sido propuesta por la oposición, tendría un sentido el cauce utilizado, pues sería la única forma que hubiera podido utilizar, pero viniendo de los partidos del Gobierno, nos resulta completamente inaceptable.
De igual forma, hemos de reseñar que, si parte de la finalidad de esta norma es mejorar la convivencia en los centros educativos, y se considera necesario fijar estas cuestiones en una ley, hubiera sido conveniente abordar la cuestión desde una perspectiva holística, elaborando una ley de convivencia educativa si no es suficiente con el decreto ya existente.
Finalmente, una cuestión preocupante es que esta ley parece haber sido redactada a partir de un estudio de un sindicato de profesorado, no de datos oficiales de una institución pública, y, además, al no haber seguido la tramitación de un proyecto de ley dentro de la administración, no se ha elaborado ningún otro informe complementario relativo a la necesidad y oportunidad de la norma.
Todo ello, nos lleva a rechazar esta iniciativa, lamentándolo en gran medida, pues incorpora algunas medidas que aplaudimos, en lo tocante a la defensa jurídica y atención psicológica del personal docente, principalmente por haber sido elaborada sin tener en cuenta al resto de sectores de la comunidad educativa más allá del profesorado, pero también porque no incide convenientemente en la que creemos que es la medida más eficaz para la mejora de la condición de las y los docentes: la mejora de su prestigio y consideración social, que pasa por la realización de campañas públicas y la mejora de sus condiciones laborales.
