La Isla de la Buenaventura representa el territorio de las oportunidades prometidas y, al mismo tiempo, de las oportunidades que no terminan de consolidarse. Es la isla donde la realidad de la insularidad marca la trayectoria del estudiantado, pues si bien el sistema prepara y genera talento, la oferta de estudios superiores y Formación Profesional a menudo obliga al alumnado a desplazarse fuera de la isla de residencia para poder acceder a esa cualificación . Además, es la isla donde ese talento, encuentra límites al intentar incorporarse al mercado laboral
En la Buenaventura conviven dos realidades aparentemente contradictorias: una juventud cada vez más preparada y un modelo productivo que no siempre está preparado para absorberla. Esta tensión genera fenómenos como la sobrecualificación, la precariedad laboral y la migración juvenil, configurando un escenario en el que formarse no garantiza quedarse.s
En las próximas páginas analizaremos cómo la brecha entre formación y empleo, la temporalidad, las dificultades de acceso a la estabilidad laboral y la fuga de talento configuran una dinámica estructural que transforma a la Buenaventura en una isla que educa, pero que no siempre logra retener.
Islas que forman,
islas que expulsan
La juventud canaria presenta niveles educativos crecientes, pero ello no siempre se traduce en oportunidades adecuadas de empleo. A finales de 2024, el 66,1 % de los jóvenes de Canarias contaba con un nivel educativo mayor al de la enseñanza obligatoria, aunque solo el 25,7 % había completado estudios superiores (Universidad o FP de Grado Superior). Esto indica que una parte sustancial supera la etapa obligatoria pero no accede a la formación superior, quedando con niveles de Bachillerato o FP intermedios (40,4 % del total juvenil). A pesar de este esfuerzo formativo, el mercado laboral regional es incapaz de absorber todas las especializaciones disponibles. De hecho, cerca del 42% de jóvenes con titulaciones superiores en Canarias están desempeñando trabajos que requieren una cualificación inferior. La tasa española de trabajadores con empleo por debajo de su nivel educativo supera el 35 %, lo que demuestra que es un fenómeno que se ve exacerbado en las Islas.
Aunque la tasa de paro de los menores de 25 años canarios se sitúa en torno al 19,4 % a comienzos de 2026, ligeramente por debajo de la española (23,0 % en 2025), el problema más estructural es la falta de oportunidades acordes a la formación recibida. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes considera que su primer empleo guarda poca relación con los estudios cursados, reflejo del desajuste educativo-laboral.1 Canarias forma cada año a miles de jóvenes pero termina expulsando a muchos de sus titulados, que optan por carreras profesionales fuera de las islas en busca de empleo cualificado.
Comparado con otras regiones y países, esta brecha también se observa en otras zonas con economías similares (turismo, servicios). Por ejemplo, España lidera Europa en sobrecualificación, y se han detectado diferencias territoriales dentro del país.
Las estimaciones nacionales muestran que la mitad de los jóvenes de 25-34 años alcanzan estudios terciarios, muy por encima del promedio europeo, pero esto no garantiza empleos acordes. En Canarias esto se agrava por la doble insularidad y la dependencia de sectores de baja cualificación.
Esta situación de devaluación de los títulos académicos genera una barrera estructural que impide el pleno desarrollo profesional de las nuevas generaciones.
La entrada al mercado laboral en Canarias se ha convertido en un «rango de paso» marcado por la incertidumbre, donde la juventud asume la precariedad no como una fase transitoria, sino como una condición estructural.
A pesar de la bajada del paro juvenil en el último año (situándose en torno al 19,4 % a inicios de 2026), los empleos generados son en su mayoría temporales y de baja calidad. La media salarial neta de los jóvenes canarios (≈947 €/mes) es la más baja de España, lo que combinado con unos precios de vivienda muy altos produce muchos «trabajadores pobres». Así, el 35,9 % de los jóvenes en empleo se sitúa en riesgo de pobreza (más de 1 de cada 3), y de hecho solo el 67 % cuenta con contrato indefinido, frente a niveles cercanos al 78 % del año previo.
La precariedad se articula en varios puntos clave:
En Canarias es habitual que los estudios universitarios o de ciclo formativo se combinen con un empleo remunerado. Cerca del 30 % de los jóvenes canarios compaginan simultáneamente estudio y trabajo, una proporción superior a la observada en otras regiones. En sí mismo no es negativo querer adquirir experiencia, pero la realidad es que la mayoría de estos empleos son precarios y de baja remuneración: cerca del 60 % se realiza a tiempo parcial involuntariamente, en empleos temporales o de prácticas que apenas cubren gastos. Los jóvenes «sisis» trabajan no por vocación sino por necesidad económica.
El caso típico es el estudiante que saca horas entre clase y clase, o la persona que realiza prácticas no remuneradas mientras lucha por pagos básicos. Esta situación puede devenir un callejón sin salida: el esfuerzo adicional a menudo no compensa, y estudios señalan que quienes trabajan durante sus estudios tienen más riesgo de retrasar graduaciones o no acabarlas. En la visión de los propios jóvenes: «incluso cuando cumplimos con todo lo que se nos pide (formarnos, trabajar y esforzarnos) seguimos sin poder independizarnos», resaltando que deben afrontar la precariedad laboral desde estudiantes.
Este fenómeno se debe principalmente a:
El denominado «éxodo forzado» se ha consolidado como una de las principales consecuencias del actual modelo de empleo juvenil en Canarias. La movilidad no se experimenta mayoritariamente como una oportunidad de enriquecimiento personal o profesional, sino como una salida obligada ante la falta de alternativas laborales estables y cualificadas en el archipiélago. Según la Fundación Tamaimos, apenas el 14 % de los jóvenes canarios cree que no tendrá que emigrar por falta de oportunidades, y solo el 28 % considera que podrá desarrollarse plenamente en Canarias.
Este fenómeno está estrechamente vinculado a la limitada diversificación del mercado laboral canario. Aunque el archipiélago genera empleo, gran parte de las oportunidades se concentran en sectores de baja cualificación o alta estacionalidad relacionados con el turismo, lo que reduce las posibilidades de inserción en áreas técnicas, científicas o creativas. Esto explica que el 24 % de los jóvenes canarios se matricule en la península para cursar estudios universitarios, porcentaje que asciende al 47 % en el caso de estudios de máster. La salida formativa genera un efecto de no retorno: muchas de las titulaciones elegidas no encuentran encaje en el mercado laboral insular, o lo hacen de forma muy limitada y concentrada territorialmente.
La migración juvenil opera en dos niveles que profundizan la desigualdad territorial. Por un lado, la doble insularidad obliga a jóvenes de El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote a trasladarse a las islas capitalinas para acceder a estudios superiores o determinados servicios, lo que jerarquiza el archipiélago y acelera el envejecimiento demográfico de las islas periféricas. Por otro lado, la fuga externa absorbe a una parte significativa del 25,7 % de jóvenes que alcanzan titulaciones superiores, quienes, ante un escenario de sobrecualificación, salarios bajos y escasas oportunidades de desarrollo profesional, optan por marcharse a la península o al extranjero.
Esta dinámica no puede atribuirse exclusivamente al sistema educativo. Es lógico que la oferta universitaria y de Formación Profesional responda a la estructura productiva existente. Sin embargo, la limitada capacidad del mercado laboral para generar empleo cualificado en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas o las industrias culturales dificulta la retención del talento formado. La consecuencia es una pérdida crítica de inversión pública: Canarias financia la formación de generaciones cuyo retorno económico e innovador termina produciéndose en otros territorios.
Además del impacto económico, la salida constante de jóvenes entre 18 y 30 años tiene efectos sociales profundos. Reduce la natalidad, debilita el tejido asociativo y limita la capacidad de transformación colectiva del archipiélago. El sentimiento de no poder construir un proyecto de vida en el lugar de origen genera desarraigo emocional y normaliza la idea de que el éxito profesional implica necesariamente marcharse.
Por ello, abordar la migración juvenil requiere una estrategia integral centrada en el empleo. No basta con mejorar la oferta formativa; es imprescindible impulsar una diversificación económica real que amplíe el abanico de oportunidades profesionales, reforzar las políticas activas de empleo juvenil y fomentar la creación de puestos cualificados y bien remunerados. La administración educativa tiene herramientas en las que intervenir en la protección del capital humano canario, tales como la mejora de currículums de las enseñanzas o el impulso de prácticas en empresas de calidad, remuneradas y que potencien el conocimiento. En este sentido, también existen iniciativas encaminadas a la dinamización económica del archipiélago canario, tales como Canarias Destino Startup, evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas para potenciar el emprendimiento y la innovación en las islas a través de startups y pymes. Solo con acciones así será posible transformar la lógica actual de «formar para marcharse» en una dinámica de «formar para quedarse».
La Formación Profesional ha experimentado una expansión significativa en Canarias en los últimos años, consolidándose como una vía clave de cualificación para la juventud. En el curso 2024/2025, el archipiélago superó los 150 ciclos formativos distribuidos en 26 familias profesionales. Esta ampliación refleja un esfuerzo institucional por diversificar la oferta y mejorar la cobertura territorial.
Sin embargo, la distribución de la FP continúa mostrando importantes desequilibrios insulares. Actualmente existen 3.047 grupos de FP en Gran Canaria y 2.959 en Tenerife, frente a 782 en Lanzarote, 428 en Fuerteventura, 244 en La Palma, 151 en La Gomera y 75 en El Hierro. Esto implica que aproximadamente dos tercios de la oferta formativa se concentran en las dos islas capitalinas, reproduciendo dinámicas de centralización que afectan especialmente a territorios con doble insularidad.
Pese al aumento de la oferta, el mercado laboral canario evidencia un desajuste persistente entre cualificaciones disponibles y perfiles demandados. En Canarias existen más de 160.000 personas desempleadas mientras cerca de 8.000 vacantes permanecen sin cubrir, lo que supone aproximadamente 20 personas en paro por cada puesto ofertado. Este dato no apunta a una ausencia general de formación, sino a una desconexión entre competencias adquiridas y necesidades reales del tejido productivo.
El problema es especialmente visible en sectores técnicos. En el ámbito de la construcción, el 60 % de las empresas declara no encontrar perfiles
cualificados suficientes para cubrir sus necesidades. En Tenerife se identifican carencias en perfiles técnicos vinculados a electricidad, mantenimiento industrial y sanidad, mientras que en Gran Canaria las dificultades se concentran en ocupaciones operativas relacionadas con comercio, industria ligera y hostelería especializada.
La paradoja se reproduce en islas no capitalinas. En Lanzarote, por ejemplo, existen 7.692 personas desempleadas, pero simultáneamente se registran vacantes sin cubrir por falta de perfiles adecuados (Observatorio Canario de Empleo, 2024). Esta situación evidencia que el reto no es únicamente cuantitativo, sino estructural, ampliar ciclos no garantiza automáticamente adecuación sectorial.
La Formación Profesional se encuentra, por tanto, en una encrucijada estratégica. Puede consolidarse como eje de diversificación económica o quedar limitada a una expansión formal sin impacto profundo en la estructura productiva. La planificación formativa debe anticipar sectores emergentes como transición energética, digitalización, industria técnica especializada o economía azul, evitando tanto la saturación en determinadas ramas como la infraoferta en otras críticas para el desarrollo insular.
Aunque, por desgracia, la asociación de «Las Afortunadas» con el turismo es la más frecuente, las circunstancias de la España vaciada también aparecen en Canarias. Principalmente, los mínimos demográficos y de densidad asociados a la ruralidad aparecen en islas como La Gomera, El Hierro y La Palma, y en puntos muy concretos de Tenerife (Parque Rural de Anaga) o Gran Canaria (Parque Rural del Nublo). Esto ha generado un éxodo de jóvenes y familias, que ha conllevado también una baja en la natalidad.
En los últimos años, han cerrado 48 Centros de Educación Infantil y Primaria en zonas con menos de mil habitantes por falta de alumnos matriculados, no entrando en datos de Institutos de Educación Secundaria por su prácticamente inexistente presencia en estas zonas. Esta cuestión va mucho más allá de un problema de eficacia y eficiencia, ya que los centros educativos son una herramienta fundamental para fijar la población joven, garantizando la subsistencia de muchos núcleos poblacionales.
La situación de los centros educativos que no se han eliminado en zonas rurales no es tampoco positiva. Normalmente, carecen de servicio de comedor o de transporte escolar, además de recursos como son laboratorios, bibliotecas o internet de calidad, o de profesorado de determinadas materias y especialistas de apoyo.
En diversas zonas del archipiélago, se han tomado iniciativas de educación comunitaria mediante asociaciones o bibliotecas, potenciando intercambios intergeneracionales, talleres o actividades. Si bien estas acciones son muy útiles para el pleno desarrollo de los y las jóvenes en zonas rurales, no se debe olvidar que no se puede sustituir la iniciativa privada por la formación reglada y obligatoria, que debe ser accesible y de calidad.
En el caso de aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que optan por quedarse en su entorno, derecho que, por su parte, deben tener, se ven obligados a tomar rutas de transporte escolar escasas y largas, cuestión que favorece la desescolarización y el abandono escolar temprano.
