La Isla Travesía es la que hace una ruta por nuestras ocho islas, abordando las complicaciones ligadas al territorio de cada una de ellas. Fuerteventura, La Gomera, La Graciosa, Gran Canaria, El Hierro, Lanzarote, La Palma y Tenerife, nuestro archipiélago afortunado y desafortunado: sufrimos la ultraperiferia, la insularidad, la doble insularidad y podemos llegar a considerar una triple insularidad. Movernos por nuestra casa, socializar, vivir, se convierte muchas veces en un reto diario. La distancia no se mide solo en kilómetros, sino en conexiones, tiempos y oportunidades. Travesía es esa isla que une a todas, pero también la que nos revela cuán difícil puede ser hacerlo. Porque cruzar el mar, a veces, es también cruzar desigualdades.
Esta isla es la que cruza mares y barrancos, guaguas vacías y ferris llenos, esperando que moverse no sea una excepción sino una costumbre justa. Es la isla de quienes caminan más de lo que llegan, de quienes reorganizan su vida para poder llegar a clase, al trabajo o a un simple encuentro. Aquí, moverse es resistir.
Y sin embargo, también es la isla del deseo común: la de vivir conectados, sin importar en qué isla hayamos nacido. Porque la travesía no debería ser una barrera, sino un puente. Y ese puente, más que físico, es el que une nuestras ganas de quedarnos con nuestras ganas de avanzar.
Territorio limitado, desafíos ilimitados
Las ocho islas de Canarias presentan retos diferenciados por sus diferentes características sociodemográficas, económicas y territoriales, que a su vez no se pueden describir como proporcionales o establecidas al mismo nivel, que categorizan, sino diferencias que jerarquizan, precarizan y aíslan aún más. En este mismo sentido, el Estatuto de Autonomía de Canarias introduce el concepto de la doble insularidad, como si Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma estuvieran aisladas respecto del resto del mundo, y respecto de las islas de Gran Canaria y Tenerife, que concentran más recursos y servicios públicos.
Esta doble insularidad se caracteriza, en primer lugar, por la falta de oportunidades, los diferenciales de costes o el menor nivel de vida, derivado también de ingresos inferiores. Estos costes se ven drásticamente aumentados por el coste de transportes, pues muchos habitantes de las islas no capitalinas requieren viajar a las capitalinas para cuestiones básicas como hacer la compra, pues los precios de los alimentos, por ejemplo, pueden alcanzar hasta un 60% más.
Además, a nivel laboral, las islas no capitalinas, por su dependencia de sectores menos productivos o marcados por la estacionalidad, como son el sector primario o el sector turístico, provocan que los y las jóvenes carezcan de oportunidades laborales, favoreciendo la fuga hacia las demás islas, con lo que esa circunstancia conlleva e induce otros efectos.
En segundo lugar, otra diferencia clave que genera desigualdad es el acceso a los servicios públicos, como son la sanidad o la educación (que se agrava totalmente en el caso de la educación superior). Para ello, se analiza el factor educación como servicio público, tomando de referencia el número de Institutos de Educación Secundaria y de Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública.
Si bien podemos observar que el número de centros en cada isla está fuertemente arraigado a la población (aunque en este aspecto sería aún más interesante valorar la ratio de cobertura poblacional con las unidades ofertadas por nivel de enseñanza en cada isla), la cobertura territorial nos indica que la concentración por kilómetro cuadrado es drásticamente inferior entre islas no capitalinas y capitalinas.
Aunque esto pudiera tener justificación en criterios económicos y de eficiencia, las grandes diferencias para acceder territorialmente a un centro de educación secundaria y Formación Profesional (que nos arroja la ratio de cobertura territorial, entendida como km²/centros), impide la dinamización de la mayoría de zonas de las islas menores, que requieren también de recursos específicos y presentan demandas laborales concretas. En el caso extremo, en La Gomera hay un centro cada 185 km², mientras que en Gran Canaria hay uno cada 20 km².
Estas diferencias no se equipararían nunca en un escenario idílico, pues el principal factor es el poblacional, no obstante, sí se puede afirmar que hay más densidad de centros en Gran Canaria que en La Gomera, teniendo los estudiantes grancanarios más opciones de elección y facilidades de acceso.
El modelo de desarrollo económico de Canarias durante años ha ejercido una fuerte presión en el entorno natural, que ha derivado en una degradación del patrimonio común y del espacio vital de la ciudadanía canaria, habiéndose primado en la mayoría de proyectos criterios alejados de la sostenibilidad medioambiental, sociocultural y económica.
Esta cuestión, muy ligada con el turismo, genera impactos negativos en la sociedad, que generalmente provoca rechazo e indignación de los movimientos ciudadanos por la contaminación, la generación de residuos, la escasez de recursos y la vulnerabilidad climática.
La población canaria sufre los impactos producidos por los vertidos al mar de aguas sin tratar, los vertederos no autorizados, las playas contaminadas, los residuos mal gestionados, las emisiones contaminantes generadas por la cantidad ingente de vehículos o los malos olores. Además de ello, observa como el uso de recursos naturales fundamentales en el día a día de las personas, tales como el agua, se ven afectados en zonas de sequía por el consumo intensivo que hacen de ellos el sector turístico.
Estas circunstancias impiden que las comunidades locales se puedan interrelacionar y desarrollar justamente con el medio en el que habitan, pues en determinadas situaciones, sus derechos para con el entorno, establecidos en el artículo 45 de la Constitución Española, se ven menoscabados, despreciados o desplazados frente a intereses ajenos a los de la sociedad en general.
Más allá de las realidades actuales, es preocupante el incremento futuro de riesgos climáticos que generen todavía más tensión, presión e impactos en la sociedad. Mirar al futuro es clave para adaptarse y mitigar el cambio climático, elaborando planes y procedimientos específicos al efecto de anticiparse, si bien, la protección ambiental y la justicia social deben ser dos elementos claves para la visión estratégica de Canarias.
La afección actual de las comunidades por los impactos negativos sufridos por el medio natural ya es alta, pero la percepción a futuro es de una situación mucho más adversa, dificultando el normal y correcto desarrollo de las personas y de sus actividades diarias.
Las diferencias ya no solo existen entre Canarias y la península ni entre islas, sino que dentro de cada una de las islas existen brechas de conectividad entre las áreas y núcleos urbanos metropolitanos y los pueblos pequeños o en zonas de difícil orografía. El aislamiento de determinados barrios y localidades que, normalmente se sitúan en zonas altas o con un acceso que presenta dificultades debido al relieve y la sinuosidad de carreteras, genera malas conexiones con transporte público y complica el acceso a los servicios públicos.
El principal problema de desconexión son las líneas de transporte y la falta de horarios adecuados de guaguas, que, además, genera presiones en el medio ambiente en tanto en cuanto los habitantes dependen excesivamente del vehículo privado para desplazarse a centros educativos, hospitales u oficinas administrativas. Históricamente, las inversiones en infraestructura se han concentrado en zonas urbanas, generando efecto de centralidad dentro de la insularidad o incluso dentro de la doble insularidad.
La desconexión en el transcurso de llegar no es la única, ya que dentro de cada isla aparecen problemas como los de falta de servicios públicos derivados de la ruralidad, o los de falta de una conectividad a internet rápida, estable y de calidad. Esta última circunstancia es un factor expulsor en un mundo de la era digital como el que vivimos, donde la juventud no es sólo usuaria de la tecnología, sino que se desarrolla con la misma.
En definitiva estas dificultades aparecen por un factor más bien geológico, pues la riqueza natural del archipiélago canario también es un elemento que genera dificultades importantes en sentido de infraestructuras de transporte o digitales. Si bien, hablamos que estas diferentes velocidades a las que se desarrolla una misma isla genera que los y las jóvenes tengan más dificultades de interrelacionarse, acceder a ofertas culturales, participar en movimientos sociales o crecer en sociedad.
Se debe apostar por una cohesión social intrainsular, de tal forma que se habiliten no solo los medios de comunicación y transporte efectivos y eficaces para poder conseguirla, sino que también se proporcionen aquellos medios y espacios necesarios para fortalecer los vínculos, el sentido de pertenencia y el compromiso con el desarrollo sostenible económico, ecológico y sociocultural de las ocho islas canarias.
La dispersión geográfica y demográfica presente en nuestras islas, con núcleos de población heterogéneos, repartidos a lo largo del territorio y con características de accesibilidad física diferenciada por la orografía o la cercanía entre núcleos urbanos y rurales, sumada a la disparidad de habitantes, genera un reparto de centros a lo largo de cada isla que requieren de transporte escolar para llegar a los institutos o colegios.
Según datos del Consejo Escolar de Canarias, aproximadamente unos 39.000 estudiantes son usuarios de transporte escolar, con una leve tendencia a la disminución. No obstante, existen huecos de cobertura en zonas rurales o alejadas, favoreciendo una situación de triple insularidad.
En los últimos años, se han presenciado denuncias por incumplimiento de servicio o, incluso, denegación del mismo, provocando una situación de desigualdad y agravios comparativos entre familias y alumnado del mismo entorno. Esta limitación de oportunidades o la merma de calidad educativa menoscaba el derecho a la educación de las personas residentes en áreas administrativamente desfavorecidas.
La consecuencia directa es el desincentivo a la residencia, o incluso como factor de presión que genera una concentración demográfica en áreas metropolitanas, ciudades y municipios grandes, generando otros retos como son el de la vivienda o el de la suficiencia de recursos y servicios públicos.
En la misma línea, la falta de un transporte escolar efectivo y eficiente complica la supervivencia de los centros escolares rurales, que sumado a otros factores, acaba suponiendo su cierre definitivo, expulsando a los y las estudiantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su entorno social, comunitario y medioambiental. Apoyar la flexibilidad y la reorganización favorece, de una parte, la autonomía personal del alumnado, y de otra, la conciliación con sus familias.
La coordinación entre centros, Consejería, organizaciones sociales educativas, Cabildos y ayuntamientos es clave para la optimización de rutas, la extensión de la gratuidad a todos los niveles educativos, el impacto climático y medioambiental y el desarrollo local.
Dando una primera visión de lo que es este reto para nosotros, la movilidad de la juventud la definimos como la capacidad que tenemos para movernos dentro de nuestras islas, entre ellas y en nuestros entornos urbanos. Esto es clave por las diferentes vertientes que genera, como es expresado en otros retos, y además, por su impacto en la socialización y en el medio ambiente.
En un sentido amplio, consideramos que la mejor situación sería la de un sistema de transporte público sostenible de calidad, que nos permita movernos por nuestras zonas de influencia, tales como ciudades, municipios, zonas de concentración de centros educativos, campus universitarios, bibliotecas, zonas de ocio, centros de trabajo, etc.
La situación del transporte público intrainsular y dentro de nuestros entornos urbanos va mucho más allá de nuestras realidades educativas y como jóvenes, pero consideramos que somos el colectivo más afectado por sus carencias, especialmente en fines de semana, noches u horarios de demanda valle, o en barrios y núcleos periféricos. Esto nos lleva principalmente a depender del transporte privado si queremos cumplir con horarios, trabajo o demás necesidades de forma efectiva y real.
El uso del transporte privado tiene consecuencias de emisión de gases de efecto invernadero o de saturación, como pasa en las principales ciudades y autopistas de nuestras islas. No obstante, consideramos que lo que más nos afecta por encima de ello, es nuestra falta de libertad total en la socialización. Poniendo un ejemplo evidente, los bares y demás establecimientos de restauración son mucho más accesibles para los y las jóvenes que muchas otras alternativas de ocio alternativo, cultura o deporte.
Por último, queremos abordar la movilidad juvenil en un sentido amplio, incluyendo no solo los desplazamientos vinculados a la educación, sino también aquellos que se producen entre islas y que resultan fundamentales para la cohesión social y territorial. El acceso a un transporte asequible y fluido permite a la juventud participar en proyectos, actividades culturales, sociales y laborales, así como favorecer el intercambio de ideas y experiencias entre jóvenes de distintos territorios, contribuyendo a su desarrollo personal, educativo y evolutivo. En este sentido, se han logrado avances relevantes, como el Pacto por la Movilidad Juvenil de Canarias, que amplía el descuento de residente del 75 % al 85 % para quienes disponen del carné joven, mejorando las condiciones de acceso a una movilidad más justa e inclusiva.
Aunque abordando la situación de los y las estudiantes del sistema educativo no universitario pareciese que no es una cuestión relevante en términos generales, el factor insular, que genera graves disparidades en la oferta educativa, hace aflorar este problema en aquellos y aquellas estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que, bien por modalidad, rama o, simplemente, oferta, se han de trasladar de una isla a otra, o bien, dentro de la misma isla.
La oferta educativa de Formación Profesional, sin entrar en las diferentes ramas, se resume en grupos, de conformidad con lo publicado por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes en la siguiente tabla:
La baja oferta ya no solo perjudica por su falta, si no por las condiciones en las que se ofrecen, habiendo islas que por rama sólo presentan un grupo de primer curso, mientras que la mayoría de las ramas se ofertan principalmente en Tenerife y Gran Canaria.
En el Bachillerato, una situación similar en la educación pública, siendo en ciertos casos el mismo centro el que oferta las mismas modalidades, la oferta fuera de las islas capitalinas es prácticamente nula.
Analizar esta distribución territorial es fundamental para comprender cómo aparece el problema de la vivienda en estudiantes de educación no universitaria. Teniendo en cuenta, primeramente, que la oferta -a veces sin sustitutivos- se concentra en Gran Canaria y en Tenerife y, en segundo lugar, que se vuelve a concentrar en las áreas metropolitanas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife – San Cristóbal de la Laguna, así como en municipios con alta densidad de población y adyacentes a las mismas.
Se puede justificar la concentración por la población, si bien, las ofertas educativas deberían ajustarse para no actuar como efecto expulsor del talento con otros factores que generen equidad y nivelación, para evitar que el problema en cuestión, que es el desplazamiento, quede agravado por otros como la subida y la presión del precio de la vivienda para estudiantes.
Los portales de Idealista, Fotocasa y otras plataformas digitales arrojan datos de precio de viviendas para estudiantes de más de 500 euros por habitación, ya no aumentando sólo los precios, si no también los requisitos que los arrendatarios establecen para su acceso.
Tomando también de referencia las opciones y soluciones establecidas para estudiantes universitarios, podemos ver como las principales medidas son la potenciación de residencias universitarias y viviendas modulares, así como becas específicas.
La población de los municipios turísticos está siendo expulsada de sus barrios y pueblos por el auge de las viviendas turísticas, la presión habitacional, la gentrificación; por la sobrecarga que sufren los servicios e infraestructuras públicas; y por el hecho de sustitución de servicios esenciales para la juventud y el estudiantado frente a otros priorizados pro el sector. El turismo es un gran generador de recursos económicos pero también un gran consumidor de recursos públicos y naturales.
Según el Instituto Nacional de Estadística, más del 4% de las viviendas canarias se destinan a alojamiento turístico, encabezando el peso relativo de la modalidad de alojamiento en España. Existe una relación prácticamente directa y positiva entre el incremento de viviendas de uso turístico y los precios de alquiler en zonas costeras y ciudades, generando un acceso prohibitivo a la vivienda a la juventud.
La turistificación y la gentrificación de barrios y municipios que, históricamente han sido hogar y origen de la población canaria, genera cierre de negocios y comercios, pérdida de identidad, masificación y elitización. En definitiva provoca un desplazamiento de las personas a otros municipios o incluso otros territorios.
Además de la cuestión habitacional, el turismo como prioridad administrativa genera un gran desplazamiento de fondos públicos a los servicios e infraestructuras turísticas, eligiendo alternativas como la ampliación de los aeropuertos o las rutas de transporte con puntos turísticos frente a la construcción de centros educativos o mejora del transporte escolar. Esto es muy relevante en aquellas infraestructuras, construcciones y dotaciones en las que se prioriza el ocio y la industria turística frente a otras instalaciones educativas, como bibliotecas o centros juveniles.
El turismo es también consumidor de recursos públicos y generador de sobrecarga: carreteras colapsadas, seguridad, salud, actividades culturales, playas y entornos naturales saturados o servicios de limpieza. Debemos tener en cuenta que, cuando se prioriza el acceso de la persona turista a un servicio público, se ve menoscabada la persona residente si no se aplican factores correctores o inversión adicional.
Finalmente, se produce un impacto sociocultural, una pérdida de la autenticidad y tradición cultural de Canarias, que lleva a una banalización y a una adaptación de los elementos culturales, patrimoniales y de festividades al turismo, desarraigando a la propia comunidad local de sus rasgos culturales.
