Isla Faro representa el territorio de la participación latente: una juventud con voluntad de implicarse, organizarse y transformar su entorno, pero que encuentra barreras estructurales cuando intenta hacerlo. Es la isla donde las voces jóvenes existen, se movilizan y desean formar parte del cambio, pero donde la burocracia, la falta de espacios, la brecha digital y la desconfianza institucional dificultan que esas voces se traduzcan en impacto real. Por tanto, esta isla nos dibuja una imagen muy clara: la participación no es el problema; el problema es el ecosistema que debería sostenerla.
En la Isla Faro conviven dos realidades paralelas: por un lado, una juventud que, en rasgos generales, es apática y no tiene cultura de la participación; por otro, unas estructuras administrativas y políticas que no están adaptadas a sus tiempos, lenguajes y dinámicas. Esta tensión genera frustración, pero provoca una situación peor, y es la ralentización de iniciativas y el debilitamiento del vínculo entre la juventud y las instituciones. En las siguientes líneas se analizan los retos que explican esta desconexión y las condiciones necesarias para que las voces jóvenes no sólo crucen el mar, sino que encuentren eco en las decisiones públicas.
Voces que cruzan
el mar
Cuando la juventud canaria intenta canalizar su motivación participativa a través de la creación de asociaciones, se encuentra con un sistema administrativo que percibe como inaccesible, excesivamente técnico y alejado por completo de su realidad. El proceso de registro no se entiende como una puerta de entrada a la participación, sino como un obstáculo previo que desincentiva incluso a quienes tienen una iniciativa clara. El lenguaje jurídico, la estructura poco intuitiva de la información y la ausencia de acompañamiento práctico generan la sensación de que asociarse es algo reservado a personas con conocimientos legales o experiencia previa en relaciones con la administración.
A esta complejidad se suma un problema estructural añadido: la coexistencia de dos registros distintos para las asociaciones de estudiantes en Canarias –el Registro de Asociaciones de Canarias y el registro específico dependiente de la Consejería de Educación– que en la práctica obliga a realizar una doble tramitación, pese a que la normativa prevé mecanismos de cooperación y migración automática de datos entre ambos. Esta duplicidad genera disparidad de datos, dificultades para conocer el número real de asociaciones en activo y una carga administrativa innecesaria que afecta directamente al asociacionismo estudiantil. Así lo recoge el Informe “Participación e implicación de la comunidad educativa en Canarias: Realidades y propuestas” elaborado por el Consejo Escolar de Canarias, que señala que los datos no coinciden entre registros y que muchas asociaciones no figuran con juntas directivas vigentes, lo que dificulta conocer su estado real.
Además, existe una contradicción normativa relevante en relación con la edad mínima de las personas integrantes de las asociaciones de estudiantes. El Decreto 119/2011 establece que solo pueden inscribirse asociaciones integradas por alumnado a partir de catorce años. Sin embargo, tanto la Ley Canaria de Asociaciones como la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconocen el derecho de asociación de los menores sin imponer una cota mínima de edad, permitiendo que puedan promover e integrar asociaciones de alumnado. Esta limitación resulta especialmente problemática si se tiene en cuenta que una parte significativa del alumnado no universitario es menor de catorce años, lo que restringe de facto su derecho a organizarse y dificulta la consolidación de asociaciones en etapas educativas tempranas.
Este problema no se limita al momento del registro, sino que se extiende a la gestión del día a día de una asociación. Los y las jóvenes no encuentran orientación sobre cuestiones básicas como cómo redactar actas de las reuniones, cómo convocarlas, cómo modificar unos estatutos o cómo gestionar la protección de datos en la entidad. La falta de respuestas a estas dudas prácticas provoca inseguridad y bloquea procesos que, en teoría, deberían ser sencillos. De este modo, la burocracia no sólo dificulta la creación de asociaciones, sino que actúa como un freno directo a la participación juvenil organizada, generando frustración y reforzando la percepción de que las instituciones no facilitan, sino que más bien complican, la implicación de la juventud en la vida democrática.
El objetivo de este reto es agilizar y humanizar la burocracia, garantizando la interoperabilidad efectiva entre registros, eliminando duplicidades y asegurando que ningún obstáculo normativo limite el derecho de asociación del alumnado por razón de edad.
Los centros educativos (principalmente, los institutos de educación secundaria) son el primer espacio de participación para muchos jóvenes. Sin embargo, actualmente falta mucha información y promoción sobre la posibilidad de formar asociaciones de estudiantes dentro de ellos. Muchos alumnos y alumnas desconocen que pueden organizarse formalmente para defender sus intereses o representar a sus compañeros y compañeras, ya que esta opción apenas se menciona en el día a día de un centro. La consecuencia es un «apagón asociativo» en el ámbito estudiantil: se limita la participación a órganos oficiales, como el Consejo Escolar o delegado/a de clase, y no se aprovecha el potencial transformador de las asociaciones de estudiantes.
A esto se suma que, aunque el estudiantado valora profundamente la participación como una forma de tener voz, opinar, ser escuchado/a y contribuir a mejorar su entorno, no dispone de herramientas prácticas para canalizar esa motivación de manera organizada. La participación se experimenta dentro de estructuras ya definidas por el propio sistema educativo, pero no se fomenta la creación de estructuras propias impulsadas por el alumnado. De esta manera, los y las estudiantes aprenden a participar dentro de marcos dirigidos, pero no a generar sus propios espacios de organización colectiva.
Además, en la dinámica habitual de los centros, el asociacionismo estudiantil no forma parte del imaginario cotidiano ni del discurso educativo. No se explica cómo funciona una asociación, qué pasos hay que dar para crearla, ni qué posibilidades ofrece como herramienta de representación y transformación del entorno educativo. Esta ausencia de referencias prácticas provoca que la idea de crear una asociación se perciba como algo lejano o complejo, cuando en realidad debería presentarse como una vía natural y accesible de participación.
A esta falta de impulso se añade, en algunos casos, un desconocimiento por parte de los propios responsables de los centros educativos sobre el papel, los derechos y el potencial de las asociaciones de estudiantes. Cuando los equipos directivos y el profesorado no conocen bien el marco normativo o no integran el asociacionismo estudiantil como parte de la vida del centro, pueden surgir dinámicas de desconfianza o de excesivo control que, sin pretenderlo, acaban actuando como freno. En este sentido, desde UDECA se apuesta por que el apoyo institucional del centro no se limite a autorizar la existencia de asociaciones, sino también a facilitar su actividad, reconocer su legitimidad como interlocutores del alumnado y colaborar de forma constructiva en sus iniciativas.
Esta situación genera una contradicción evidente: el entorno de un centro educativo es el lugar donde más se habla de valores democráticos, convivencia, participación y ciudadanía activa, pero no se facilita que el alumnado experimente estos valores a través de la organización autónoma. Sin espacios donde practicar la toma de decisiones colectiva, la gestión de reuniones o la representación formal del grupo, se pierde una oportunidad clave para desarrollar competencias sociales, organizativas y cívicas desde edades tempranas.
La falta de espacios físicos destinados a la juventud se percibe como una carencia importante que limita las oportunidades de encuentro, de organización y de desarrollo de actividades colectivas. Los y las jóvenes necesitan lugares donde reunirse, estudiar, crear, debatir y poner en marcha iniciativas y proyectos, pero en muchos municipios estos espacios son insuficientes, están mal equipados o directamente no existen o han sido eliminados. Además, algunos proyectos que deberían cumplir esta función permanecen cerrados o paralizados durante largos periodos, lo que refuerza la sensación de que las necesidades juveniles no son lo suficientemente prioritarias para las administraciones públicas.
A esta carencia se suma que, incluso donde existen Casas de Juventud, Puntos de Información Juvenil o instalaciones similares, su funcionamiento no siempre responde a las dinámicas reales de la juventud: horarios reducidos, escasa programación, falta de personal o ausencia de actividades atractivas hacen que muchos de estos espacios no sean útiles o vivos, sino que se reduzcan a recursos poco o nada conectados con los intereses actuales de necesita la juventud. El problema, por tanto, no es únicamente de cantidad de espacios, sino de su grado de activación, accesibilidad y adecuación a lo que los y las jóvenes necesitan.
También aparece de forma recurrente la demanda de espacios de estudio en horarios amplios, especialmente en periodos de exámenes, lo que evidencia que no se están cubriendo necesidades muy básicas vinculadas al día a día del estudiantado. Es esta otra manifestación que refleja que las infraestructuras disponibles no están pensadas desde la realidad diaria de los y las jóvenes ni desde sus necesidades más inmediatas.
Cuando no existen lugares accesibles y habituales donde poder reunirse, la organización juvenil no desaparece, pero se vuelve mucho más complicada, improvisada y dependiente de la voluntad individual.
Muchos jóvenes explican que, para poder quedar, planificar actividades o simplemente hablar de ideas comunes, tienen que recurrir a parques, cafeterías o espacios no pensados para ello.
En pleno avance de la administración electrónica y la sociedad de la información, muchos jóvenes aún se encuentran en el lado desfavorecido de la brecha digital. En Canarias existe una brecha digital significativa: aproximadamente el 30,4 % de los hogares carece de acceso adecuado a internet, una situación que se agrava en hogares en exclusión severa, donde entre el 44 % y el 46,7 % no dispone de conexión o recursos digitales suficientes para integrarse plenamente en la sociedad digital y acceder a servicios básicos en línea. Estos datos han sido detectados por Cáritas Diocesana de Canarias en base al IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, que identifica la exclusión digital como un factor que amplifica la vulnerabilidad social y limita el acceso a derechos y oportunidades formativas o administrativas.. Si bien la mayoría de la población joven maneja teléfonos inteligentes, no todos cuentan con una conexión de calidad o espacios donde usarlos. Además, tener acceso no equivale a tener competencias digitales suficientes para ejercer una ciudadanía plena en línea. Muchos jóvenes (especialmente en entornos con menos recursos o menos formación) desconocen cómo realizar trámites electrónicos u obtener o usar un certificado digital.
La falta de alfabetización digital provoca que algunos dependan de terceras personas para hacer gestiones básicas, lo que añade retrasos y frustración en trámites como, por ejemplo, solicitar una beca o registrar una asociación de estudiantes, que puede convertirse en una odisea para quien no domina las herramientas.
Esta carencia de capacidades para la ciudadanía digital tiene una relación directa de causalidad con una menor participación: quien no sabe cómo funciona cae en la «exclusión burocrática» y tiende a desistir.
Para colmo, muchos servicios públicos digitales no están diseñados pensando en las personas jóvenes (interfaces poco intuitivas, lenguaje excesivamente técnico, falta de soporte inmediato, etc.).
Abordar la brecha digital y la falta de competencias para la ciudadanía digital no puede limitarse solamente a ofrecer recursos tecnológicos, sino que requiere de un enfoque que sea más práctico, pedagógico y adaptado a la realidad juvenil. La prioridad debe situarse en dotar a los y las jóvenes de herramientas claras para desenvolverse con seguridad y autonomía en su relación digital con la administración, entendiendo cómo realizar trámites electrónicos, cómo gestionar documentación oficial, cómo proteger sus datos personales y cómo utilizar las plataformas digitales como espacios de participación y organización colectiva.
En esta línea, se considera fundamental reforzar las iniciativas formativas existentes, orientándolas no sólo al uso general de las TIC, sino específicamente a las habilidades necesarias para la vida administrativa y participativa en entornos digitales. Al mismo tiempo, insistimos en que las propias administraciones deben revisar la forma en que presentan sus servicios digitales, simplificando los lenguajes, incorporando guías visuales y recursos prácticos como los videotutoriales, entre otras alternativas, y también sistemas de ayuda directa que acompañen a cada joven durante el procedimiento administrativo correspondiente.
El objetivo final es, además de mejorar el acceso a la tecnología, garantizar que la juventud pueda ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en la era digital sin que la complejidad técnica se convierta en una nueva forma de exclusión.
La juventud canaria siente una fuerte identidad territorial pero experimenta una importante desafección democrática y desconfianza hacia las instituciones. Estudios recientes indican niveles muy bajos de confianza y vinculación política. Por ejemplo, nos centramos en el estudio «Democracia, Valores, Preocupaciones y Futuro de los estudiantes universitarios y ciclos superiores de FP de Gran Canaria», elaborado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en colaboración con la Asociación Democracia Canarias XXI y Ágora Integral, a partir de una muestra representativa de 800 jóvenes de entre 17 y 25 años.
Este estudio arroja datos relevantes. Por ejemplo, solo el 16,8% de los jóvenes encuestados expresan afinidad con el sistema democrático, mientras casi la mitad (45,7%) reconoce una «desconexión clara» con él. En esta misma investigación, el 51,6% de los universitarios canarios declara desconfiar del sistema político, frente a sólo un 14,9% que dice confiar. Estos datos reflejan un amplio malestar: la mayoría de opiniones negativas atribuyen su origen al «mal funcionamiento de la democracia» y la corrupción. Además, el interés político de la juventud isleña es bajo. En el mismo estudio reseñado anteriormente, el 29,7% declara un alto interés por la política, mientras que el 36,7% admite tener interés bajo. Por sectores, los hombres jóvenes son aún más críticos que las mujeres: el 48,8% de los encuestados desconfía de la política, frente al 36,4% de las encuestadas.
El objetivo final es, además de mejorar el acceso a la tecnología, garantizar que la juventud pueda ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en la era digital sin que la complejidad técnica se convierta en una nueva forma de exclusión.
